Este próximo domingo 20 de mayo son las elecciones nacionales y aún una
parte importante de los agentes económicos (individuos y empresas) no han
decidido por quién votar. En el caso de las empresas, el voto está normalmente supeditado
a una valoración de las propuestas electorales, entendiendo que estos se
inclinan casi siempre por aquel candidato que les asegure, por un lado, un
clima de negocios estable que les permita competir en los mercados locales y,
por otro lado, les garantice la implementación de políticas públicas que
promuevan la expansión productiva y fomenten el desarrollo de la capacidad de
exportar hacia mercados internacionales.
Así las cosas, los políticos deberían pensar que 610,000 micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES) no son nada despreciables en un proceso electoral
que amenaza con decidirse por un margen de votos relativamente pequeño. Esto quiere decir que las MIPYMES pudieran
estar decidiendo las próximas elecciones, sobre todo si tomamos en
consideración que estas influyen en casi dos millones de empleados que allí laboran.
Sin embargo, habría que preguntarse: qué haría que un micro, pequeño o mediano
empresario vote por uno u otro candidato? La respuesta a esta pregunta la podríamos
encontrar en un conjunto de políticas, medidas y acciones a las cuales el
gobierno que surja debería comprometerse a fin de resolver los problemas
ancestrales que las micro, pequeñas y medianas empresas han venido padeciendo.
Conociendo el comportamiento y la manera de pensar de los micro, pequeños y
medianos empresarios, me atrevería a apostar que estos votarían por aquel
candidato que proponga “poner a las MIPYMES en el centro de atención de la
economía dominicana”, implementando políticas públicas para el acceso al
crédito de largo plazo, para la mejora de la productividad, el desarrollo de la
mentalidad empresarial y la creatividad, y el incremento de la competitividad.
Esto sería realmente un cambio drástico del modelo económico predominante
durante los últimos cuarenta años, y el cual no parece haber favorecido a las
unidades productivas de menor tamaño relativo.
También, entiendo que las MIPYMES se sentirían bastante cómodas con un
candidato presidencial que valore la estabilidad económica y, por vía de
consecuencia, implemente políticas macroeconómicas que garanticen precios
estableces, tasas de interés con vocación productiva, y tasa de cambio acorde
con un entorno de negocios favorable. Esto enviaría un mensaje positivo a un
sector productivo que como el de las MIPYMES es altamente vulnerable a las
fluctuaciones de las variables macroeconómicas. En el mismo sentido, los
microempresarios podían acudir a las urnas para votar por un candidato que sea
capaz de garantizar un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto por
encima del 5.0% anual para los próximo cuatro años, lo que resulta cónsono con
las expectativas planteadas en la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de
Desarrollo.
De manera particular, sin embargo, los micro, pequeños y medianos
empresarios serían capaces de votar por el candidato que proponga la
eliminación del obstáculo que representa el débil acceso de los micro, pequeños
y medianos empresarios a recursos de largo plazo, lo cual influye negativamente
en las posibilidades que tienen estas unidades productivas de expandirse y de aumentar
la producción. Actualmente, los Bancos Múltiples son más proclives a financiar la
compra de una jeepeta del año que a otorgar un préstamo a un pequeño empresario
para adquirir una máquina o equipo con la cual mejorar su producción. Obviamente,
esta situación castiga la industria y promueve el consumo de corto plazo, sin
que necesariamente esto ayude a mejorar el parque industrial dominicano y el
empleo.
Pero los microempresarios, y también aquellos jóvenes y mujeres pobres que
están interesados en iniciarse en el mundo empresarial, serían complacientes
con aquel candidato que le asegure que va a disponer de una cantidad importante
de recursos para prestárselo a tasas de interés bajas y estables, y con garantías
flexibles. Por el lado de los pequeños y medianos empresarios, estos votarían
masivamente por aquel candidato que sea creativo e invente fórmulas que mejoren
el acceso a financiamiento, ya sea a través de figuras como el Fideicomiso, el
Fondo de Garantía u otros instrumentos novedosos de intermediación bancaria.
Por igual, resulta cierto que los micro, pequeños y medianos empresarios se
sentirían contentos con un candidato que establezca programas de apoyo para
incentivar la mejora de procesos productivos y la productividad, fomentar la
capacitación empresarial, identificar nichos de mercado a nivel internacional,
promover las exportaciones nacionales e incentivar la competitividad. Esto
debería incluir programas de acceso a insumo y factores de producción a precios
competitivos, así como la revisión y adecuación de la cadena de valor en los
procesos productivos de los diferentes subsectores en los cuales las MIPYMES se
desempeñan.
Pero la alegría de las MIPYMES al ir a votar por un determinado candidato,
sería más evidente si este plantea la transformación institucional del Consejo
Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(PROMIPYME), a fin de recuperar la credibilidad perdida y de convertirla real y
efectivamente en la entidad por excelencia que atiende las demandas de las
unidades productivas de menor tamaño relativo.
Esto implicaría medidas extremas que lleven a despolitizar a PROMIPYME,
que conduzcan a modificar el modus operandi de esa entidad, otorgándole
prerrogativas que son de su competencia pero que no ejecuta. La transformación
de PROMIPYME es esencial para un gobierno que quiera poner en el centro de las
políticas públicas a las MIPYMES.
Una contentura adicional que mostrarían los micro, pequeños y medianos
empresarios al momento de ir a votar por un candidato, sería por aquel que se
siente preocupado por apoyar la formalización de estos negocios, no solo para
que puedan ser sujeto de crédito y acceder a los beneficios de los programas de
apoyo que se implementen, sino también para que tengan una mejor relación con
el Gobierno, tanto para las compras gubernamentales como para el pago de
impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos. Aquí el establecimiento
de un impuesto único a las MIPYMES sería una tabla de salvación que 610,000
MIPYMES agradecerían. El deseo de votar de los microempresarios por un
determinado candidato también aumentaría si este asegura resolver el problema
de su inclusión en el Sistema de Seguridad Social, de modo que los propietarios
y empleados de este tipo de empresas puedan recibir los servicios de salud
pagando una cuota preferencial que no le afecte demasiado su flujo de caja.
La creatividad del candidato por el cual pudieran estar votando los micro, pequeños
y medianos empresarios se pondría a prueba si este promete establecer un
programa para motivar la generación de empleo productivo a través de las
MIPYMES. La idea aquí es que el Estado cree un fondo de recursos a partir del
cual se le retorne al empresario un porcentaje de los salarios pagados por las
unidades de empleo creadas durante los últimos seis meses de cada año fiscal.
Obviamente, se tendrían que establecer mecanismos e instrumentos que garanticen
la transparencia y funcionamiento de esta iniciativa, a fin de que no se preste
a tráfico de influencias y corrupción.
Otro elemento motivador para que un mediano, pequeño o microempresario vote
por un determinado candidato, es si este se compromete a promover la
Asociatividad Competitiva, a través de Clusters y otras formas asociativas. Por
igual, las MIPYMES se motivarían a votar por un candidato que fomente la
creación de nuevas empresas, el espíritu empresarial desde las escuelas, el
emprendedurismo, la incubación y la aceleración de negocios, y cualquier otro
mecanismo que siembre de pequeñas empresas toda la geografía nacional.
En definitiva, conociendo la idiosincrasia de los micro, pequeños y
medianos empresarios, estoy plenamente convencido y absolutamente persuadido de
que estos irían a votar masivamente por aquel candidato que le garantice que el
Estado no los va a quebrar, que les va a pagar las deudas viejas que tienen con
las entidades gubernamentales, que honrará su palabra de pagarles las deudas
nuevas y que cumplirá con la Ley 488-08 que establece que las instituciones
públicas deberán comprarles un porcentaje a las pequeñas y medianas empresas
del país.
