Por Franklin Vásquez[1]
Hace varias semanas,
la Asociación de Industrias de la República Dominicana planteó, muy
acertadamente, la necesidad de que se firme un Pacto por el Empleo sugiriendo
con esto una alianza público-privada para promover la generación de más puestos
de trabajo en el país. La propuesta, a todas luces, resulta no solo interesante
sino también oportuna, sobre todo porque proviene del sector económico que
históricamente ha agregado mayor valor a la economía dominicana, pero también
de un sector empleador que durante los últimos años ha visto disminuir su
contribución a la formación del producto interno bruto y al empleo.
En efecto, un
estudio de Abdullaev y Estevão (2013) revela que la tasa de crecimiento de la
industria manufacturera ha venido disminuyendo desde el año 1996. Por ejemplo,
en los últimos tres quinquenios la tasa de expansión anual de la industria
manufacturera ha sido de 7.9% en el periodo 1996-2000, de 2.5% en el periodo
2001-2005 y de 3.4% en el 2006-2011, una tendencia clara a la baja, aunque con
una ligera recuperación en el último quinquenio analizado. De igual manera,
cuando se estudia el valor agregado bruto de la industria, se puede observar
que este fue de 30.3 (1996-2000), de 28.8 (2001-2005), y de 25.3 (2006-2011),
evidenciando también una tendencia decreciente. Para el 2012 el crecimiento del
valor agregado de la industria manufacturera local fue de apenas un 1.1% con
relación al 2011, según el Informe de la Economía del Banco Central de la
República Dominicana, la cual no resulta una noticia alentadora a partir de los
datos anteriores.
A todo esto se
suma el hecho de que los industriales dominicanos perciben que tanto las ventas
como la producción disminuyeron en el primer trimestre del año. Esta percepción
es el resultado de la Encuesta de Opinión Empresarial al Sector Manufacturero
que realizó el Banco Central de la República Dominicana para el trimestre
enero-marzo del 2013, y la cual sintetiza que existe un efecto transitorio de
la Reforma Fiscal sobre los sectores productivos, razón por la que los datos de
ventas y producción de la industria manufacturera dominicana fueron menores a
los del trimestre inmediatamente anterior.
En términos de
los empleos generados en el sector formal, medido por los empleados a los que
su empleador reporta pago de salario y seguridad social, un estudio de la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) señala que el Sector Industrias
ocupaba en el 2009 el segundo lugar con 301,952 empleados. Sin embargo, cuando
se analiza la evolución del empleo durante el período 2005-2010, “se observa
que a pesar de que se mantiene en segundo lugar respecto a los demás sectores
productivos, se presenta una reducción en la cantidad de empleados, pasando de generar
el 33% en 2005 al 22% en 2010”.
Pero lo
anterior también ha tenido efectos negativos para las recaudaciones
impositivas. En efecto, según estadísticas de la DGII en el
2009 existían en el país, 123,758 contribuyentes, de los cuales unos 13,697
pertenecen al sector industrial, representando un 11.1%. El Informe también
señala que, al evaluar la recaudación de los impuestos reportados provenientes
de las empresas del Sector Industrias, esta presentó un crecimiento de 3.3% en
el 2008, reduciéndose en 13.1% en el 2009, al pasar de RD$87,837 millones a
RD$81,549 millones.
Como se puede observar, todo apunta a que se
adopten políticas y medidas urgentes para revertir esta tendencia de la industria
manufacturera dominicana, abordando temas esenciales como la productividad del
capital y laboral, la innovación de los procesos productivos, la transferencia
tecnológica y la formación técnica de los trabajadores. Obviamente, esto
también tendría que hacerse en el contexto del Pacto por el Empleo.
Un problema
adicional es el de los salarios de los trabajadores, lo cual no es restrictivo
para la República Dominicana sino también de toda América Latina y el Caribe.
De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha concluido que “los
sueldos aumentan menos que la productividad a nivel mundial, lo que ha llevado
a una "creciente desigualdad" de ingresos en la mayoría de países.
Añade la OIT que “Los salarios van por detrás de la productividad en la mayoría
de países, lo que ha llevado a un giro a favor de los beneficios”. Por ejemplo, en la República Dominicana la
tasa salarial mínima legal mensual en la Empresa Grande es de RD$11,291.70 a
partir del incremento último de los salarios, la cual solo alcanza para
adquirir el costo de la canasta familiar del Quintil 1 que está referido al 20%
más pobre de la población (De la Rosa y Vargas, 2013). Por igual, esta tasa es
menor al Quintil 1 cuando se refiere a la Mediana Empresa (RD$7,763.4), y
también cuando se trata de la Pequeña Empresa (RD$6,880.0).
A todo esto, en
el mundo aumenta el desempleo, y la pobreza se va convirtiendo en un fenómeno
cada vez más común, aún en países definidos como desarrollados. En ese
contexto, es evidente que las políticas de generación de empleo han fracasado
en la mayoría de los países, llevando a un callejón sin salida a una joven
fuerza laboral, en tanto se alienta la pobreza por doquier.
A partir de
estos datos, se puede colegir que un Pacto por el Empleo tendría que incluir,
además, un Pacto por la Productividad, un Pacto por la Educación Técnica y la
Formación Profesional, un Pacto por la Innovación y un Pacto por los Salarios.
El Pacto por la Productividad consistiría en el diseño e implementación de un
conjunto de acciones concretas que, dicho sea de paso, no implicaría una amplia
inversión de recursos. En este caso se propone una alianza estratégica entre la
Asociación de Industrias de la República Dominicana, PROINDUSTRIA y el INFOTEP
para la ejecución de Programa INDUSTRIA
PRODUCTIVA para un PAÍS PRODUCTIVO. Al margen del nombre, el hecho es aunar
recursos, esfuerzos y capacidades para emprender un amplio programa a nivel
nacional para atacar el problema de la baja productividad en las empresas,
independientemente de su dimensión. A la par con la ejecución de este programa
de apoyo a la mejora de la productividad industrial, se pudiera crear el FONDO DE PRODUCTIVIDAD, que funcionaría
como un estímulo económico para aquellas industrias que alcancen metas
importantes de mejora de su productividad en un período de tiempo determinado.
El Fondo se alimentaría de recursos del Gobierno Central, del INFOTEP, de la
AIRD y de PROINDUSTRIA. La administración sería conjunta entre las tres
entidades.
Uno de los
pactos más importantes, en el contexto del Pacto por el Empleo, es el de la
Educación Técnica y la Formación Profesional. Muchos desconocen el carácter
estratégico de este tipo de formación y su vinculación con el desarrollo, con
mayores niveles de inclusión y equidad social, por constituir un factor clave
para el crecimiento económico sostenido y sustentable de los países (Almandoz,
2009). La estructura productiva dominicana ha cambiado durante los últimos 20 años,
pero la educación técnica de los trabajadores continúa siendo la misma. Estamos
formando técnicos para sectores productivos que no existen y que están
demandando otra cosa. Por eso, hoy en día no tenemos mecánicos, ebanistas,
plomeros, carpinteros, herreros, etc., que sean creíbles y serios en su
trabajo, y adolecemos también de técnicos medios que respondan eficientemente a
las demandas de la industria.
El rezago es
evidente y no se avanzará si no se adoptan nuevos enfoques pedagógicos en el
proceso de formación de técnicos medios y obreros cualificados. Ya no basta con
que un individuo aprenda un oficio específico, sino que hoy en día debe tener
cualificaciones claves o extrafuncionales que lo convierta en un ente útil para
la empresa. Por ello, se debe invertir en procesos que permitan articular las
necesidades de las empresas con la propuesta de los institutos y centros
técnicos que ofertan educación técnica y formación profesional, pero no desde un
punto de vista teórico, si no como una acción práctica con medición de
resultados. Y estos procesos deben estar amparados en alianzas público-privada
reales. Por eso la necesidad de que las asociaciones industriales tengan mayor
incidencia en la definición de la oferta del INFOTEP y de los Centros
Operativos del Sistema, para que en la formación de los técnicos medios y en
los oficios se incluyan módulos de medición de la productividad, planificación
de la producción, técnicas de mejoras de procesos, cultura tecnológica,
emprendedurismo competitivo, entre otros. También, será necesario identificar
la cantidad de técnicos por oficios que están demandando las industrias, de
modo que la oferta responda específicamente a esto y no a otra cosa.
En el caso del
Pacto por la Innovación, se pudiera emular lo que va a hacer la Comunidad
Europea durante el periodo 2014-2020. En efecto, la CE
tiene “planes de movilizar en los próximos siete años, junto a los Estados
miembros y la industria, 22,000 millones de euros en asociaciones de
investigación para impulsar proyectos que fomenten la competitividad y mejoren
la calidad de vida de los europeos”. Estos recursos provendrán, 8,000 millones
del presupuesto comunitario para ciencia, otros 10,000 millones por parte de la
industria y 4,000 millones de los Estados miembros. Una de las características
principales de esta inversión es que se hace en “estrecha colaboración con la
industria”, quien también está comprometiendo una buena cantidad de recursos en
esta iniciativa. Pero quizás lo más relevante es que la inversión en estos
programas de innovación procuran “reducir
la carga económica de las enfermedades relacionadas con la pobreza, generar
nuevas tecnologías de medida, respaldar pymes innovadoras que estimulen la
creación de empleo y mejorar la vida de los mayores y hacer que los sistemas de
salud sean más sostenibles”.
En el caso del Pacto por los Salarios, es obvio que
esto tiene que empezar por evaluar el rol de la fuerza laboral en las empresas,
los costos que implican y los niveles de productividad que tienen. En un
segundo momento será necesario abordar el tema de la eliminación de salarios
mínimos, ya que el debate debe concentrarse en los costos de reproducir la
capacidad de esa fuerza laboral. En un tercer momento, es imprescindible la
mejora en la formación técnica de los trabajadores presentes y futuros. Es
claro que no podremos avanzar como economía y como sociedad, si la demanda de
bienes y servicios la realizan el 85% de los trabajadores con salarios
mensuales menores a los 450 dólares. En último término, las negociaciones
salariales anuales deben ser sustituidas por mecanismos e instrumentos
permanentes de ajuste salarial, basado en variables como la inflación, el
crecimiento económico y/o el incremento de la productividad laboral.
En definitiva, es sabia y atinada la decisión de la
Asociación de Industrias de la República Dominicana de proponer un Pacto por el
Empleo en el país, lo cual demuestra su interés por la mejora del bienestar de
la población; pero más sabia sería la decisión del Gobierno de aceptarla e
incluirla dentro de las cosas que nunca se han hecho en esta media isla. Estoy
convencido que, unido a la Estrategia Nacional de Desarrollo que está en
marcha, este pacto constituiría una pieza fundamental en el rompecabezas que
tenemos en el país actualmente de más crecimiento económico pero igual pobreza
y marginalidad.
